El reporte producido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha expuesto la supuesta participación de la empresa multinacional Acciona en una red de corrupción dirigida desde la dirección del Partido Socialista. De acuerdo con los investigadores, la compañía podría haber pagado cientos de miles de euros en comisiones ilegales para obtener contratos públicos de gran magnitud, en un esquema gestionado directamente por Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE.
Pagos indebidos superiores a 600.000 euros
La UCO documenta el pago de al menos 620.000 euros en mordidas vinculadas a adjudicaciones específicas a favor de Acciona. Las cantidades fueron canalizadas, según el informe, a través de intermediarios cercanos a José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. Todo ello, bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los agentes señalan como el encargado de coordinar los montos, los destinatarios y el calendario de los pagos.
Asimismo, se estudia una segunda cantidad de cerca de 450.000 euros ligada a otros contratos concedidos más recientemente, lo cual sugeriría que el esquema de corrupción persistió aun después de los primeros signos públicos de irregularidades.
Licitaciones diseñadas a medida
Los contratos cuestionados pertenecen a proyectos de gran envergadura en obra pública —como infraestructuras de ferrocarriles, autovías y sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en áreas administradas por el PSOE. La UCO indica que los términos técnicos de estos concursos estaban elaborados de manera que se adaptaban casi exclusivamente a la propuesta de Acciona, eliminando cualquier competencia real.
El informe detalla cómo los contratos se preparaban para garantizar la concesión a la empresa, a cambio de pagos pactados de antemano. Se trataba, en palabras de los agentes, de una “estructura perfectamente articulada” en la que el poder político intervenía directamente para favorecer a determinadas empresas a cambio de beneficios económicos.
La función de Santos Cerdán
Uno de los aspectos más contundentes del informe es la identificación de Santos Cerdán como figura clave en el reparto y gestión de las mordidas. La Guardia Civil sostiene que Cerdán no solo tenía conocimiento del circuito de pagos, sino que asumía un papel ejecutivo en su articulación. Las conversaciones interceptadas revelan cómo las cantidades eran divididas, negociadas y distribuidas, en función del contrato adjudicado.
Esta función de supervisión establece a Cerdán como el enlace clave entre la autoridad institucional del PSOE y las compañías favorecidas por el esquema.
Respuestas y mutismo institucional
Ante la contundencia del informe, Acciona ha anunciado una investigación interna, desvinculando a su actual dirección de los hechos investigados. Sin embargo, el daño reputacional ya está hecho. La aparición de un exdirectivo de la empresa en los documentos analizados por la UCO ha reavivado el debate sobre la connivencia entre grandes compañías y el poder político.
Mientras tanto, el Gobierno no se pronuncia. Los líderes del PSOE se abstienen de comentar sobre un asunto que ya ha desembocado en la renuncia de funcionarios de alto rango y que podría socavar aún más la legitimidad del Ejecutivo.
El reporte de la UCO corrobora lo que antes eran solamente dudas dispersas: que una de las constructoras más grandes del país podría haber estado involucrada en un esquema corrupto para garantizarse contratos gubernamentales, planificado desde el centro del partido que rige en España. Si los hechos son confirmados en tribunales, sería uno de los escándalos de corrupción más serios en los últimos tiempos, tanto por la escala económica como por el alto nivel de los participantes.
Este episodio no solo involucra a Acciona, sino que también cuestiona el empleo del poder institucional para fines individuales. El futuro mostrará si las repercusiones políticas estarán acordes con la seriedad de los descubrimientos realizados.
