Corea del Sur está al borde de una crisis institucional sin precedentes mientras el ex presidente suspendido Yoon Suk Yeol enfrenta un juicio político y órdenes de arresto por insurgencia y abuso de poder. Desde su enriquecida residencia en Seúl, Yoon ha estado protegido por el equipo de seguridad presidencial y cientos de partidarios a medida que aumentan las tensiones políticas y sociales en todo el país.
En diciembre pasado, Yoon declaró brevemente la ley marcial, lo que provocó una ola de indignación pública y marcó el comienzo de su caída política. La Asamblea Nacional votó a favor de su destitución después de que incluso miembros de su propio partido gobernante lo abandonaran. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur tiene la tarea de decidir si confirma el despido o lo restituye en su cargo.
«Lucharé hasta el final», dijo Yoon en un mensaje proporcionado por su abogado, insistiendo en que la declaración de la ley marcial fue legítima y que lo que siguió fue «ilegal y nulo».
Citando preocupaciones de seguridad, Yoon indicó que no planeaba asistir a la primera audiencia oficial del juicio político programada para el martes. Esta decisión ha generado críticas tanto de sus oponentes políticos como de los investigadores que quieren ejecutar las órdenes de arresto en su contra.
El conflicto por la residencia enriquecida
Desde que fue suspendido de su presidencia, Yoon se ha refugiado en su residencia de Seúl, donde su Equipo de Seguridad Presidencial (PSS) ha reforzado las medidas de seguridad con alambre de púas, bloqueo de entradas de vehículos y un «muro humano» creado por miembros y partidarios de la seguridad.
El intento de arresto más reciente se produjo a principios de enero, cuando investigadores anticorrupción intentaron ingresar a la residencia y un enfrentamiento que duró varias horas entre las fuerzas de seguridad y los agentes del orden. La operación fue cancelada por temor a la seguridad de los involucrados, pero la orden sigue vigente y se espera un nuevo intento en los próximos días.
«Es prácticamente imposible hacer cumplir la orden judicial en la residencia de Yoon mientras el grupo de seguridad continúa protegiéndola», dijo la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Nivel (CIO).
El CIO solicitó la cooperación del Departamento de Defensa y del Grupo de Seguridad Presidencial para garantizar que los soldados desplegados en la residencia no impidan los esfuerzos para arrestar a Yoon. También advirtió que cualquier intromisión podría dar lugar a sanciones penales.
Contra los cargos contra Yoon y la investigación en curso
Yoon enfrenta múltiples investigaciones penales, incluida la de sedición, un delito grave que puede resultar en cadena perpetua o incluso la pena de muerte en Corea del Sur. Aunque suspendido de sus funciones, Yoon conserva inmunidad presidencial para la mayoría de los cargos, excepto aquellos relacionados con traición o insurrección.
Además de los cargos contra Yoon, las investigaciones también incluyeron a figuras clave involucradas en la declaración de la ley marcial, incluidos comandantes militares y el ministro de Defensa. Sin embargo, Yoon se negó a cooperar con las citaciones emitidas por los fiscales, intensificando el conflicto entre las autoridades y el equipo de defensa.
El papel decisivo del Tribunal Constitucional
El futuro político de Yoon depende ahora del Tribunal Constitucional, que debe decidir si confirma el voto de destitución de la Asamblea Nacional o restituye al ex presidente. El tribunal ha programado cinco sesiones de audiencia oral que se extenderán hasta el 4 de febrero. Si Yoon no se presenta a la primera audiencia, prevista para el martes, el proceso continuará sin su presencia.
La Corte tiene hasta 180 días para tomar una decisión, pero ha prometido priorizar el caso debido a su estabilidad política. Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos adicionales: actualmente, el tribunal de nueve miembros tiene sólo ocho jueces debido a vacantes no cubiertas que pueden complicar la toma de decisiones. Según la Constitución surcoreana, al menos seis jueces deben aprobar el despido para que sea válido.
Si el Tribunal confirma el juicio político, Yoon se convertirá en el presidente con el mandato más corto en la historia democrática de Corea del Sur, y el país deberá celebrar elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
Protestas y divisiones en la sociedad coreana
El caso de Yoon ha polarizado a la sociedad surcoreana y los manifestantes han salido a las calles a favor del expresidente a pesar de las bajas temperaturas invernales. Sus partidarios, en su mayoría conservadores, han levantado una valla alrededor de su residencia, mientras sus detractores exigen su detención inmediata y su responsabilidad por los abusos de poder cometidos durante su mandato.
Las tensiones también aumentaron en la esfera política. La destitución de Yoon provocó la salida del primer ministro Han Duck-Soo, quien también fue destituido de su cargo por el Parlamento. Actualmente, el ministro de Finanzas, Choi Sang-Mok, actúa como presidente interino mientras el país espera la decisión del Tribunal Constitucional.
Un futuro incierto para Yoon y la estabilidad de Corea del Sur
La crisis política en Corea del Sur no sólo frenó el futuro de Yoon Suk Yeol, sino también la estabilidad institucional del país. Si bien el proceso de despido y de investigación penal avanza, el resultado sigue siendo incierto, con múltiples factores legales, políticos y sociales en juego.
El caso de Yoon pone de relieve las complejidades de tratar con líderes acusados de delitos graves y pone de relieve las tensiones inherentes a un sistema democrático que pretende equilibrar la justicia y la estabilidad política. Mientras el Tribunal Constitucional se prepara para deliberar, Corea del Sur enfrenta la posibilidad de un cambio importante en el liderazgo y un nuevo capítulo en la historia democrática.